Lcda. Hadassa Santini Colberg, Directora Ejecutiva
Servicios Legales de Puerto Rico
Servicios Legales de Puerto Rico
Sirviendo en las emergencias
El año 2020 fue un año de continuos retos. Apenas comenzaba el año, los remezones que estremecían la zona sur desde finales de diciembre de 2019 se hicieron sentir en todo Puerto Rico. La madrugada del 7 de enero de 2020 Puerto Rico entero despertó con el mayor de los temblores de un enjambre sísmico que continuó todo el año. Este hizo colapsar estructuras y residencias en los pueblos del suroeste provocando que decenas de familias perdieran sus hogares y cientos de personas tuvieran que dormir al descampado por temor a nuevos sismos.
En medio de la respuesta a esta emergencia, en marzo se conoce del primer caso de la COVID-19 en Puerto Rico. La pandemia desencadenada por el coronavirus fue cubriendo de muerte y soledad cada rincón del planeta. Ante la propagación mundial de esta una nueva enfermedad, en Puerto Rico se decretó un estado de emergencia en marzo. Su consiguiente toque de queda provocó que todos los sectores sociales, económicos y productivos tuvieran que repensar la convivencia y la manera de hacer nuestra rutina de vida: el trabajo, la socialización, la educación… todas las actividades del
diario vivir.
Como para todos, en Servicios Legales de Puerto Rico fue un reto enfrentar estos acontecimientos. Significó plantearnos una vez más cómo ofrecer el servicio y atender las necesidades legales de los clientes mientras se protege la salud y seguridad de todos: personal y participantes. Fue así para nuestro programa, y para todos los programas subvencionados por la Legal Services Corporation.
Como organización, no estuvimos exentos de los daños causados por los temblores del sur. A consecuencia de estos, tuvimos que desocupar el local donde ubicaba el Centro de Servicio Directo (CSD) de Sabana Grande. El personal fue relocalizado en el CSD de Mayagüez y en la oficina satélite localizada en el municipio de San Germán, desde donde se continúa trabajando desde entonces. Conscientes de la necesidad de estar preparados ante los desastres, entregamos mochilas de emergencia con equipo básico necesario al personal de todos nuestros Centros y oficinas.
Como sabemos por la experiencia que hemos acumulado, tras cualquier situación de desastre surgen varias y variadas consecuencias legales que requieren de la intervención y los servicios que nuestra organización ofrece. Los desastres impactan a todos los sectores, pero su efecto es desigual y vulnera aún más a los más desventajados.
Los terremotos nos llevaron ofrecer servicios en las comunidades afectadas y los Centros de Recuperación de Desastre de FEMA (DRC, por sus siglas en inglés). Tras la declaración de desastre emitida por el presidente de los Estados Unidos para atender a los sobrevivientes de los terremotos, Servicios Legales de Puerto Rico coordinó con FEMA la prestación de servicios de asesoramiento y representación legal para los afectados destacando personal en los DRC que FEMA estableció. Nuestro personal de la zona suroeste, enfrentando sus propias vicisitudes, visitó los refugios y DRC para atender las situaciones legales de los sobrevivientes. También aunamos esfuerzos con abogados probonistas de Pro-Bono, Inc., programa subvencionado por SLPR, para atender estas necesidades. Por nuestra colaboración con la American Bar Association y FEMA, nuestra línea telefónica fue la oficial de asistencia legal para casos de desastres a la cual los sobrevivientes de los terremotos en Puerto Rico podían llamar para solicitar y obtener asesoramiento o representación legal gratis. En este escenario atendimos cientos de casos relacionados a sobrevivientes de terremotos para asegurar que pudieran acceder beneficios para recuperarse, así como para atender problemas de vivienda, situaciones de familia y otros asuntos legales.
Igualmente sucedió en la atención a las personas damnificadas por el huracán Isaías, que pasó como tormenta por la isla el 30 de julio, provocando lluvias e inundaciones que afectaron principalmente a los residentes de los
municipios de Rincón, Aguada, Mayagüez y Hormigueros. Muchas familias perdieron sus pertenencias y vieron afectadas sus viviendas. Coordinamos con FEMA para ofrecer servicios a estos damnificados mediante referidos directos y prestando servicios de forma virtual.
La pandemia redefinió el lugar de trabajo y cómo se ofrecen los servicios. Con bastante rapidez y apoyados por la tecnología, pero no sin contratiempos, logramos implementar una política de teletrabajo para asegurar ofrecer nuestros servicios desde una red virtual de espacios de trabajo. En esto, las Oficinas de Sistemas de Información y de Recursos Humanos tuvieron un rol de importancia. Por ejemplo, la Oficina de Sistemas de Información programó un centro de llamadas centralizado y en la nube que permitió al personal del Sistema de Entrevista atender solicitudes de servicio desde cualquier localización. Además, en coordinación con Recursos Humanos, distribuyó equipo de computadoras y telecomunicaciones al personal por toda la isla para asegurar la continuidad de los servicios desde los hogares. De esta manera, estuvimos listos para atender y participar de las vistas judiciales realizadas por videoconferencia, asegurando el servicio a los clientes.
Tras 20 semanas teletrabajando para evitar la propagación del COVID-19, en agosto retomamos los trabajos de forma presencial en los Centros de Servicio Directo, atendiendo al público solo por cita previa. Para velar por la salud y seguridad, las medidas de prevención adoptadas en el Plan de Control de Exposición al COVID-19 preparado por la Oficina de Recursos Humanos incluyeron: fases de trabajo escalonado, el uso de mascarillas en todo momento, la toma de la temperatura, ofrecer hand sanitizer y alcohol , permitir la entrada de una sola persona por cita y proveer al personal del equipo de protección, como mascarillas, face shields, barreras en acrílico para escritorios, reuniones a través de la plataforma Teams entre otras. Tanto el plan de teletrabajo como el de control de exposición requirieron de un gran esfuerzo de todo el componente gerencial para lograr que el personal tuviera las herramientas y condiciones necesarias para asegurar la continuidad del servicio a la clientela. Además, se contó con el apoyo de los abogados y abogadas participantes del Programa Práctica Compensada para la atención de los casos. Casos juveniles, de relaciones filiales y custodia, violencia doméstica, de acceso a terapias de salud o a servicios de educación especial, desempleo, vivienda, fueron de los asuntos legales que surgieron con frecuencia por razón de la pandemia. Cerramos más de 1, 100 casos relacionados con el COVID-19, aun cuando los Tribunales limitaron los asuntos que se atendían.
Las tareas y procesos habituales en el trámite de los casos se afectan por el cambio en la manera de trabajar y requieren ser ajustadas a las nuevas circunstancias o al trámite electrónico. Esto requiere mayor comunicación y coordinación con entidades. Ha sido el caso con el Departamento de Corrección para la coordinación de los emplazamientos a confinados, siguiendo el protocolo que cumpla con las exigencias de seguridad durante la pandemia; o con funcionarios del Registro Demográfico para la coordinación de solicitudes
de certificación de un evento vital, como pueden ser certificados de nacimiento, matrimonio, defunción, para la continuidad de los trámites de nuestros casos.
Ante estos eventos y cambios, SLPR se mantuvo dando a conocer los servicios disponibles mediante campañas radiales y a través de las redes sociales. Entre estos esfuerzos subrayamos el videopodcast al que titulamos Conoce tus Derechos. Este consistió en entrevistas realizadas por una de nuestras abogadas del Centro de Caguas a otros abogados del programa sobre asuntos relacionados a la pandemia como: relaciones filiales, moratorias hipotecarias y de préstamos de consumo, derechos del estudiante de educación especial y desahucios.
El año 2020 vio el inicio de un proyecto especial y la conclusión de otro. El proyecto que emprendemos es la colaboración con la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), a través del Programa de Acceso a la Justicia para Personas con Condiciones de Salud Mental, mediante el cual atenderemos las personas que necesiten servicios en las Salas Especializadas de Salud Mental. Establecido el protocolo de atención a estos casos y tras recibir adiestramientos en el tema, en el 2020 iniciamos un “proyecto piloto” en la región judicial de Mayagüez, que fue rápidamente extendido a las salas ubicadas en Caguas y Bayamón. Sabemos que esta es un área de la salud, con sus consecuencias legales, que ha tenido un impacto causado por el aislamiento social, los desastres, y la incertidumbre económica. Proyecto que esperamos ampliar en el próximo año.
El proyecto que concluye tras dos años es el proyecto de Apoyo a Sobrevivientes de Huracanes 2017. Este, posible por una subvención especial de LSC, logró que unos 25 abogadas y abogados voluntarios ofrecieran servicios para atender a más de 750 personas que aun necesitaban ayuda en su recuperación de los huracanes Irma y María durante su vigencia. La conclusión del proyecto no significa el fin de la atención a estas personas, de ninguna manera. Continuarán recibiendo nuestros servicios como de costumbre. Este proyecto deja herramientas que nos permitirán ser más ágiles al ofrecer servicios de surgir otros desastres como es la creación de una aplicación offline para el manejo de casos y unidades móviles para acceder a comunidades aisladas. Además, concluyó su función educativa con la campaña en medios de comunicación Prepárate para Ayudarte, dirigida a orientar a la comunidad sobre los documentos legales a proteger antes de un huracán o desastre de manera que el proceso de recuperación sea más fácil después. Esta campaña se difundió en televisión, radio, prensa escrita y digital, medios sociales y vallas publicitarias. Contó con materiales educativos y listas de cotejo disponibles en nuestro portal en la web, que registró 13, 500 vistas. En medio de todo esto, en noviembre entró en vigor el nuevo Código Civil. Por lo cual la Oficina de Recursos Humanos programó adiestramientos para todo el personal de manera que pudieran estar capacitados y al día con los cambios que significó la implementación de esta nueva legislación y que afecta de manera directa el servicio que ofrecemos.
Entre los asuntos internos que realizamos para continuar atendiendo necesidades del programa, destacamos el reclutamiento de paralegales para apoyar el trabajo legal y de educación en los Centros de Servicio. Además, para lograr un mayor enfoque en la litigación que prestamos y para facilitar y unificar el trabajo legal, la División de Litigios ha liderado la creación de grupos de trabajo compuestos por abogados y paralegales de los distintos Centros de Servicio Directo. En estos se discuten situaciones y problemas legales presentes y emergentes que enfrentan los ciudadanos para desarrollar estrategias de litigación y nutrir el banco de recursos con modelos de escritos de uso frecuente, entre otros documentos. Mediante reuniones virtuales los abogados y paralegales que forman parte de estos equipos trabajan asuntos relacionados con el Derecho de Educación, de Vivienda, Familia, y
del Consumidor.
Las dificultades del año 2020 produjeron una nueva normalidad y cotidianidad. Al pasar la página del año, nos hacen confirmar que las dificultades no pueden amilanarnos, ni ser la excusa para incumplir nuestros deberes. Mas bien deben reafirmarnos en ejecutarlos con responsabilidad hacia el futuro.
