Los ejes de servicios
del 2019

Doña Anabel ha vivido en la misma casa desde hace once (11) años. Esta se encuentra en el Barrio Caracoles, en Peñuelas, en donde la mayoría de sus residentes están bajo el nivel de pobreza. Este barrio fue un sector muy afectado por el huracán María. El huracán María causó mucho daño a su vivienda; un árbol cayó sobre el techo de la residencia en al área de la cocina causando un hueco; el viento levantó las planchas de zinc; parte de la madera del techo se partió; parte del balcón frente a la casa se cayó; hubo filtraciones que causaron daños en el interior de la casa; perdió ropa, muebles y enseres. Ella tiene derechos de herencia sobre la finca donde enclava su residencia desde que su madre falleció, y sus hermanos y hermanas acordaron dejarla vivir en ella. Dada su situación económica, no se han podido realizar los trámites de declaratoria de herederos, por lo que Doña Anabel no tiene dicha residencia a su nombre. Al solicitar ayuda a FEMA, no recibió asistencia económica alguna. La razón para dicha denegatoria fue que no se reportó que los daños a la propiedad ni a bienes personales fueron causados por el huracán María y que no se pudo comprobar que era la propietaria de la vivienda al momento del desastre. Doña Anabel acudió a una clínica de servicios dirigida a la comunidad, donde uno de nuestros abogados probonistas del Proyecto Ayuda a Sobrevivientes de Huracanes la atendió. Este le preparó una apelación a la denegatoria de asistencia de FEMA, en la que detalló que más allá de los bienes personales, la residencia sufrió daños graves que necesitaban atenderse. En adición, se le preparó un documento que incluía la información y los hechos sobre cómo obtuvo la casa, desde cuándo vive allí y que ella es la responsable de mantener la propiedad. Con esta declaración, que fue jurada por la cliente, y la apelación, se logró que los inspectores de FEMA revisaran nuevamente su residencia y le otorgaran la ayuda con la cual pudo reparar el techo de su residencia. Gracias al servicio ofrecido se le concedió la cantidad de $3,095.00 que permitió culminar las reparaciones de la residencia.

Doña María Isabel supo que perdió su casa tras una ejecución de su hipoteca reverse cuando vinieron a lanzarla. Ella vive junto a dos de sus hijos en Arecibo; ambos adultos con necesidades especiales. María Isabel escuchó sobre la hipoteca reverse, le pareció una buena alternativa para ella luego de su retiro y la acogió. Cumplía con las condiciones de la misma: ocupaba la casa, la mantenía en buenas condiciones, pagaba los seguros y los impuestos de la propiedad. El día que el alguacil vino a sacarla de su hogar, se enteró de que algo andaba mal en su préstamo. Tan mal, que ya habían realizado un proceso de ejecución, habían vendido la casa en subasta y solo faltaba que desocupara la propiedad. Un proceso de cobro y de ejecución había acontecido en el Tribunal Federal y ella nunca lo supo. Tampoco supo que el proceso de ejecución fue iniciado bajo el alegato de que los seguros de la propiedad no habían sido pagados porque nunca recibió una comunicación de los administradores del préstamo en los Estados Unidos para aclarar cuánto debía, si algo. Ante la difícil situación que enfrentaba, un amigo le recomendó buscar ayuda en Servicios Legales de Puerto Rico. Así lo hizo. Una vez en SLPR, el proyecto Ayuda Legal en Casos de Ejecución de Hipotecas le brindó servicios. Debido al estado avanzado de los procedimientos, le explicaron que sería una situación compleja, pero examinaron cuidadosamente todos los documentos de su caso. Al comunicarse con el alegado nuevo dueño de la hipoteca, descubren un error en el proceso iniciado contra doña María Isabel. La compañía que administraba su préstamo identificó equivocadamente al banco dueño de la hipoteca. Cuando este banco certifica no ser el dueño, ni haber iniciado un proceso contra María Isabel, el Tribunal Federal no admitió las acciones fraudulentas que buscaban enmendar los errores, por lo que los dueños originales de la hipoteca desisten del caso. Con esta acción doña María Isabel retiene su propiedad, luego de pagar una porción de un seguro sobre la propiedad que había quedado al descubierto. 

Don Cándido y doña Rosa llegaron a Servicios Legales de Fajardo porque necesitaban recuperar su hogar. Fue en el año 2012 cuando compraron al Departamento de la Vivienda una estructura en una parcela en Palmer, Río Grande. Esta consistía en un cajón de cemento y bloques. Poco a poco fueron haciéndole mejoras y habitaciones adicionales. Por motivos de salud, en abril del 2016 se trasladaron a los Estados Unidos y alquilaron su casa por un año. Con el dinero de la renta pagaban los gastos médicos y sus necesidades básicas. Al regresar, hicieron intentos para que el inquilino desalojara la propiedad, pero no tuvieron éxito. Al vencimiento del contrato el inquilino solo había pagado seis meses de renta. Desde entonces, el inquilino se apropió ilegítimamente del hogar de don Cándido y doña Rosa, y ellos se alojaban con familiares. En febrero de 2019 solicitaron nuestros servicios. Inmediatamente se presentó una demanda de desahucio. Tras varios trámites en el Tribunal de Primera Instancia en los que el demandado alegaba que don Cándido y doña Rosa no tenían legitimación para demandar por no ser dueños del terreno, el Tribunal resolvió a favor de nuestro cliente. Pudiéndose probar su derecho al usufructo del terreno. En su sentencia de julio de 2019 el Tribunal establece que los dueños de una finca, sus apoderados o cualquier persona que tenga derecho a disfrutarla tienen derecho a promover una acción de desahucio. Por lo cual, declaró ha lugar la demanda y ordenó el desalojo. Para hacer cumplir la sentencia, meses más tarde se acudió nuevamente al Tribunal para solicitar el desalojo; lo que el tribunal ordenó con un mandamiento de desahucio. Con estas acciones y nuestra representación legal, Don Cándido y doña Rosa pudieron recuperar lo que es su hogar desde el 2012.