Informe de la
Recuperación
2018
El año 2018 estuvo caracterizado por la recuperación del desastre que dejaron tras su paso los huracanes Irma y María en septiembre de 2017. Muchos en Puerto Rico, sus ciudadanos y sus entidades, retomaron lentamente sus trabajos y cotidianidades. En mayor o menor grado, todos enfrentamos la pérdida o la carencia. En Servicios Legales de Puerto Rico no fuimos la excepción.
Este Informe Anual cuenta nuestras iniciativas, retos y trabajos del año 2018. Un año de recuperación, de continuar en la ruta que trazamos para mantener la estabilidad financiera y programática de la organización. Pero principalmente, de conducir al programa a ofrecer los servicios donde la gente nos necesita, cerca de ellos. De continuar utilizando nuestros recursos responsablemente y con el cliente en mente, para asegurar que nuestro programa pueda mantenerse brindando la orientación, representación y litigación eficaz que distingue a Servicios Legales de Puerto Rico.
Atestiguamos las dificultades que sufrieron los ciudadanos de escasos recursos con los procesos burocráticos para obtener la ayuda que necesitan para reconstruir sus propiedades y sus vidas. A pesar de los devastadores efectos del huracán y los meses sin contar con los servicios esenciales, miles de ciudadanos buscaron, y aun buscan, atender sus necesidades en esta etapa de recuperación.
Contar con las ayudas para reparar sus viviendas y otros remedios provistos por FEMA fueron algunos de los reclamos que nuestro personal atendió inmediatamente y durante meses después del huracán. La lentitud en otorgar beneficios y la cantidad de reclamaciones denegadas fue ampliamente discutida en el País. El escollo que representó la exigencia de demostrar la titularidad de las residencias para recibir la ayuda que los ciudadanos necesitan para reconstruir viviendas, dio paso a las apelaciones a FEMA. Por esto, a lo largo del 2018, continuamos y ampliamos los esfuerzos iniciados en los últimos meses del 2017 para brindar servicio directo en donde la clientela nos necesitó.
En ese sentido, la colaboración con FEMA para estar presente donde los ciudadanos estaban fue crucial para asegurar el ofrecimiento de servicios de representación y asesoramiento legal que permitiera la recuperación de los sobrevivientes. El pasado año realizamos más de 430 visitas a Centros de Recuperación de Desastre y Centros de Recursos Comunitarios. Estos centros representaron una oportunidad para atender a la clientela en instalaciones cercanas a su residencia. Durante el último trimestre del año 2018, además, recibimos el apoyo de Unidos por Puerto Rico para extender por seis meses esta iniciativa y atender las apelaciones relacionadas a problemas de titularidad.
Por otro lado, las grandes dificultades ocasionadas por el huracán despertaron el interés de organizaciones del exterior por conocer sobre Puerto Rico y su gente. En nuestro programa recibimos delegaciones de entidades afines para conocer de primera mano las dificultades que enfrentamos los puertorriqueños, cómo ofrecimos el servicio tras el huracán y para ofrecer su buena voluntad para extender la colaboración en la recuperación de Puerto Rico. Entidades como el Banco de New York del Sistema de la Reserva Federal, Equal Justice Works, Hope Now Alliance, American Bar Association, National Consumer Law Center, UnidosUS, y National Low Income Housing Coalition visitaron nuestras oficinas o realizaron teleconferencias para ese propósito.
Un ejemplo del resultado de estas colaboraciones es la que se materializó entre la National Consumer Law Center (NCLC), organización que aboga por los derechos de las familias de bajos ingresos y proporciona recursos a abogados de programas de ayuda legal civil y privados que representan a los consumidores de bajos ingresos, y nuestro Proyecto de Ayuda Legal en Casos de Ejecución de Hipotecas. NCLC, además de donar una suscripción a su colección de tratados y un programa de asistencia remota con sus abogados para nuestro proyecto, participó en el adiestramiento Puerto Rico Mortgage Foreclosure Training que benefició a unos 200 abogados.
Precisamente el mencionado Proyecto Ayuda Legal en Casos de Ejecución de Hipotecas fue uno de los dos proyectos especiales que nacieron el pasado año. Este proyecto lo establecimos a principios del 2018 con una subvención recibida de la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia. Su objetivo principal es proveer servicios legales de asesoramiento y representación legal en asuntos de ejecuciones de hipoteca ya sea a nivel estatal o federal. Además, provee educación a la comunidad para prevenir esta situación y adiestra a los abogados del programa para perfeccionar la litigación de estos casos. Luego del huracán María, cuando los bancos otorgaron moratorias en los pagos de las hipotecas, este proyecto fue vital para ayudar a salvar las residencias principales de aquellos que meses más tarde, sin lograr su recuperación, comenzaron a enfrentar la posible pérdida de su hogar. Una muestra de las iniciativas que emprendieron para incrementar sus esfuerzos de educación a la comunidad fue su participación en los Centros de Ayuda a Dueños de Vivienda que junto con Hope Now Alliance se establecieron durante los meses de verano en varios centros comerciales alrededor dela isla. Hope Now es una alianza sin fines de lucro entre participantes del mercado hipotecario para apoyar las actividades de preservación del hogar. El impacto del proyecto es evidente cuando en su primer año, atendió 212 casos que beneficiaron a 462 personas.
El otro proyecto especial establecido fue el Proyecto Apoyo a Sobrevivientes de Huracanes 2017. Este es posible por una asignación especial de la Legal Services Corporation. Con los fondos asignados para un periodo de 24 meses, es posible adquirir recursos móviles y mejorar la tecnología que permita ofrecer servicios y continuar operando después de un desastre. También asigna fondos para equipar dos de nuestros Centros de Servicio -Metropolitano y Ponce- con generadores de energía. Esto posibilitará el que tengamos dos centros que permanecerán operacionales para atender las necesidades de la clientela aun si faltan los servicios esenciales. Y más importante,el proyecto permite que abogados probonistas ofrezcan servicios a personas y comunidades afectadas por los huracanes Irma y María. Al iniciar funciones en octubre, comenzó inmediatamente un abarcador plan para dar a conocer el alcance del proyecto y reclutar los abogados y abogadas dispuestos a colaborar voluntariamente para ofrecer servicios a la población afectada por los huracanes Irma y María.
Como en pasados años, nuestros esfuerzos para ampliar y facilitar el acceso a nuestros servicios mediante el establecimiento de oficinas satélites continuaron. Durante el 2018, llegamos a acuerdos de colaboración con miembros de la Cámara de Representantes para establecer oficinas satélites en Ponce, Lares y Aguada. Con estas elevamos a 15 las oficinas satélites que nos permiten aproximar la atención y prestación de servicios a la ciudadanía.
Igualmente, seguimos estrechando lazos de colaboración con entidades para facilitar el acceso a la justicia y que quienes puedan necesitar asesoría y representación legal obtengan el servicio de calidad que ofrecemos. Llegamos a acuerdos con Pathstone, Proyecto Nacer, US Probation Office, Fundación GuaraBi. Mediante estos acuerdos acercamos nuestros servicios a poblaciones que de otra manera enfrentarían dificultades para acceder a servicios legales, como son los obreros agrícolas, adolescentes con sus hijos, exconfinados, personas sin hogar y otros.
El apoyo a los estudiantes que buscan abrirse paso en la carrera del Derecho continuó este pasado año con el fortalecimiento del reclutamiento de los estudiantes para llevar a cabo sus prácticas en nuestras oficinas. Durante el año, recibimos estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Estos apoyaron los trabajos y aprendieron de la experiencia de nuestro personal en los Centros de Aibonito, Bayamón, Carolina y Metropolitano, la División de Litigios, y la Unidad de Trabajo Comunitario.
Con la Rama Judicial continuamos colaborando en iniciativas que resultan en el fortalecimiento del acceso a la justicia. Proyectos como el de Educación Especial y Justicia para la Niñez recibieron su respaldo para continuar operando mediante una asignación de fondos que permite la prestación de servicios especializados en temas de derecho a la educación y casos de preservación familiar. Igualmente, colaboramos en sus iniciativas de capacitación de la Academia Judicial, proyectos como la radicación electrónica y participación en el Comité para el Análisis del Manejo, Prevención y Procesamiento de Casos de Violencia Doméstica.
El año 2018 vio dos primeros esfuerzos de nuestra organización por diversificar las fuentes de fondos del Programa mediante la petición de donativos a individuos. SLPR se unió al movimiento Giving Tuesday o Día para Dar que se celebra el martes siguiente al Día de Acción de Gracias y cuyo propósito es promover la cultura de donación y voluntariado, en contraste con las actividades comerciales que se realizan para la misma fecha. En Servicios Legales creamos una campaña de recaudación de fondos que fue impulsada a través de las redes sociales con el uso del hashtag #GivingTuesdayPR. Este sirvió como instrumento para difundir la idea y para movilizar a los ciudadanos, familias, organizaciones y empresas a contribuir durante ese día. También por primera vez, hicimos una petición de donativos a la comunidad legal en Puerto Rico. Apelando a la solidaridad de los abogados y abogadas, enviamos una carta dando a conocer los retos que enfrentamos y las victorias que alcanzamos para proteger a nuestros clientes y solicitar una contribución. Reconocemos que sus resultados fueron moderados, pero también es una experiencia que nos sirvió para aprender y constatar el respaldo hacia nuestra institución.
A finales del año, y gracias a un donativo recibido de PS Technologies, iniciamos la implementación y transición hacia el programa de manejo de casos LegalServer. Este es un sistema de manejo de casos configurable en la web que es utilizado por otros programas subvencionados por LSC y escuelas de derecho, entre otros. El programa facilita el manejo de los casos legales por los abogados porque permite recopilar datos importantes, medir resultados y beneficios, capturar correos electrónicos, documentos y actividades de los casos.
El 2018 también fue marcado por el inicio de la negociación colectiva con la unión que representa a los abogados y abogadas del programa. Se han presentado propuestas que buscan renfocar el programa para ser aún más responsivo a las necesidades de clientela. Las negociaciones continúan.
La recuperación tras el desastre nos ha dirigido, como organización, por el retante camino de mirar a nuestros adentros, a nuestros procesos; con el firme propósito de continuar mejorando, enfocados en la misión de servir y fortalecer los lazos con las comunidades. La leve alza registrada en los casos atendidos este año es indicativa de haber seleccionado el camino correcto.
Estamos en medio del trayecto.
Lcda. Hadassa Santini Colberg
Directora Ejecutiva